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15 de junio de 2021 Nº 0014

Por el equipo de analistas de

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El análisis de riesgo político es una herramienta imprescindible en los despachos de multinacionales y embajadas. Añade a los fríos números una capa interpretativa que, en muchos casos, mejora cualitativamente cualquier predicción, ajustándola a la realidad.

Aunque esta disciplina está cada vez más extendida en el mundo anglosajón, los departamentos hispanos siguen careciendo de ella. Eso provoca una desventaja. NÂR Research & Consulting nació para llenar este hueco. Este boletín fue el primer servicio con tal misión. Las encuestas y los datos recabados confirman su éxito.

Pero un trabajo así, riguroso, analítico, constante y casi a diario, necesita soporte financiero. Sin una compensación económica no podemos crecer, ofrecer nuevos y mejores servicios y consolidarnos como la única consultoría en este nicho que opera desde el mismo terreno en el arco del Mediterráneo Oriental.

Hemos abierto un servicio de micromecenazgo con una vigencia de seis meses. En función de su aportación le ofreceremos servicios tales como acceso al archivo de boletines -hasta ahora gratuito-, sesiones de consultoría sin coste y envío de próximos informes. A empresas y medios les ofrecemos patrocinios y sindicación.

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TURQUÍA

AKP: Todos contra todos

Muchos turcos se preguntan por qué, este fin de semana, el mafioso exiliado Sedat Peker ha faltado a su cita en forma de vídeo acusatorio contra sus antiguos aliados del establishmet turco: ¿ha sido detenido como sostienen algunos rumores (él lo ha desmentido)? ¿O simplemente ha dejado un periodo de gracia para no interferir en la reunión entre los presidentes Recep Tayyip Erdogan y Joe Biden en la cumbre de la OTAN? Sea como fuere, las presuntas revelaciones del gángster siguen pasando factura al partido gobernante, sobre todo porque es un escándalo más que se une a la lista de los que se vienen produciendo desde finales del pasado año y que han provocado que el AKP se halle a la defensiva en el debate público, algo que pocas veces había sucedido durante las casi dos décadas de gobierno de Erdogan.

La mayor consecuencia del escándalo Peker ha sido atizar la guerra de guerrillas que libran entre sí las diferentes facciones dentro del AKP. El ministro de Interior, Süleyman Soylu, uno de los más afectados por las revelaciones, ha tratado de desviar la atención acusando a un diputado -sin nombrarlo- de recibir 10.000 dólares mensuales de manos de Peker (el mafioso ha mencionado a Metin Külünk); ha apuntado a su antecesor en el cargo, Efkan Ala (ahora en el comité central del AKP), al exjefe de policía Selami Altinok (ahora diputado del AKP) y al actual subdirector de la Policía, Mustafa Çaliskan, como responsables de dar escolta oficial a Peker; y ha culpado al actual ministro de Justicia, Abdülhamit Gül, de obstruir las investigaciones.

El ministro de Justicia ha respondido a las acusaciones de Soylu y un grupo de 15 diputado ha hecho ver su malestar por esta forma de lavar en público los trapos sucios, pero Erdogan no ha querido recibir a estos diputados.

Soylu, que ascendió hasta lo más alto del partido pese a venir de la oposición y hasta ahora se le consideraba un posible delfín de Erdogan, ha tejido importantes redes de apoyo e intereses en el seno de la burocracia turca. Le apoyan aliados externos de Erdogan como el partido ultraderechista MHP y la corriente eurasianista de Dogu Perinçek (Soylu ha dejado clara su oposición a EEUU en público, acusando a Washington de estar detrás del intento de golpe de Estado de 2016; reduciendo al mínimo la cooperación con la DEA en la lucha contra el narcotráfico y, este mes, suspendiendo la cooperación en materia policial y de inteligencia con su contraparte estadounidense).

Sin embargo, tiene en su contra a la poderosa corriente de los “pelícanos”, liderada por el yerno de Erdogan, Berat Albayrak, otro aspirante al trono del AKP, pero prácticamente desaparecido desde que presentó su dimisión como ministro de Finanzas. Con todo, los pelícanos tienen todavía un amplio control de los medios de comunicación del país, que están aprovechando para atacar a Soylu. Los pelícanos no han maniobrado sólo contra el ministro de Interior: los recientes nombramientos en el Consejo de Jueces y Fiscales han elevado la influencia del llamado Grupo de Estambul -cercano a Albayrak- en detrimento de aquellos togados más cercanos al ministro de Justicia Gül.

Pero el hecho de que en la prensa de oposición hayan comenzado a aparecer filtraciones de contenido altamente explosivo (por ejemplo, que Soylu presuntamente contactó con un narcotraficante la noche del intento de golpe de Estado o documentos que ligan al propio Soylu y a otros personajes influyentes de los círculos progubernamentales como Cem Küçük con la secta de Adnan Oktar y sus "gatitas", actualmente acusada de prostitución y abusos sexuales) es prueba de que otras facciones más allá de los pelícanos también están tratando de jugar sus cartas y hundir a sus rivales.

¿Descomposición en el bando gobernante?

Dada la situación económica y la pérdida de ciertos resortes de la Administración, el pastel a repartir entre los diversos grupos de interés se ha reducido enormemente: un ejemplo es la rescisión de los contratos de organismos dependientes del Gobierno central, como el Ministerio de Sanidad, con empresas municipales ligadas a Ayuntamientos ahora en manos de la oposición.

El actual ambiente entre los círculos gubernamentales apunta a una cierta descomposición en la que tanto políticos y altos cargos en activo como empresarios afines buscan asegurar su posición mediante todo tipo de tretas o la subsistencia -en Turquía o en el extranjero- en caso de un brusco giro político. Un ejemplo es lo ocurrido con los medios de comunicación del grupo Ciner, especialmente el canal Habertürk, que han comenzado a dar cabida a voces de la oposición y han adoptado una posición algo más crítica con el Gobierno, reflejo de una estrategia que trata de mantener sus opciones abiertas por lo que pueda pasar.

El Gobierno de Erdogan controla todavía los resortes del poder (desde la Justicia a los medios de comunicación) pero las posibilidades de una quiebra del bando gobernante durante los próximos dos años son cada vez mayores. No significa que vaya a ocurrir necesariamente: Erdogan fue capaz de superar la “guerra civil” en el bando islamista (2013-2016) contra los seguidores de Fethullah Gülen, aunque también cabe recordar que de aquella pelea no salió indemne. El presidente turco siempre se ha manejado hábilmente en las cambiantes aguas de la política turca, pero cada vez le cuesta más imponer los temas del debate público y, sobre todo, conectar con las generaciones más jóvenes.

Sucesivas encuestas indican que la aritmética política se está inclinando a favor de la oposición, si bien los expertos en demoscopia advierten de que la pérdida de votantes de la coalición gobernante va al apartado de “indecisos” sin que la oposición logre todavía cautivarlos, de modo que, en el caso de que se diese una recuperación económica, este apoyo podría retorna al AKP o el MHP. Tanto Erdogan como su socio ultraderechista, Devlet Bahçeli, han dejado claro que no habrá elecciones anticipadas (las próximas generales están previstas para 2023) dado que en el sistema presidencialista la potestad de convocar comicios recae en el presidente o en una supermayoría del Parlamento. Con todo, en NÂR Research creemos que hay una probabilidad creciente de que las elecciones se adelanten a 2022, especialmente si la descomposición en el AKP empieza a afectar al grupo parlamentario.

De lo que no nos cabe duda es que los próximos dos años serán un periodo de inestabilidad política creciente. Pese a ello, y aunque los sucesos políticos tendrán un efecto de devaluación en la cotización de la lira turca, creemos que el país tiene suficiente experiencia en lidiar con crisis políticas y sucesos traumáticos como para que la situación no derive en grandes crisis sociales.

Índice NÂR de popularidad y fortaleza (mayo-junio 2021)

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas disponibles
Gráfico: NÂR Research

Turquía busca de nuevo el calor de la OTAN

La política exterior turca de la última década se ha caracterizado por frecuentes bandazos. A periodos de colaboración con Washington, le han seguido profundos distanciamientos respecto al "amigo americano" y una colaboración más estrecha con Moscú. Pero los aires que soplan desde el Kremlin en los últimos meses no son favorables a los intereses turcos: el Gobierno ruso ha manifestado su malestar por la creciente cooperación militar con Ucrania (necesaria para la industria militar turca toda vez que Canadá ha bloqueado la exportación de ciertos componentes necesarios para fabricar sus drones) y por la conmemoración del llamado "genocidio circasiano", por lo que ha prolongado la suspensión de los vuelos a Turquía, un verdadero mazazo para el sector turístico.

Ankara lleva meses tratando de enmendar las relaciones con sus aliados occidentales, consciente de que ello depende la buena marcha de su economía, y este reciente enfriamiento de las relaciones con Rusia añade a ello aún más urgencia. La cumbre de la OTAN en Bruselas celebrada este lunes ha servido para representar este acercamiento. Erdogan mantuvo reuniones con la canciller alemana, Angela Merkel; el primer ministro heleno, Kyriakos Mitsotakis (en pleno deshielo greco-turco) y el británico, Boris Johnson; además del presidente francés, Emmanuel Macron: ambos han superado su aversión mutua para enderezar un conflicto diplomático que amenazaba con sumir en crisis el Mediterráneo Oriental.

Sin embargo, la reunión con el presidente estadounidense, Joe Biden, fue la que más expectativas despertó en Turquía. Biden no había respondido a las llamadas de Erdogan durante los primeros tres meses de su mandato y sólo telefoneó a su homólogo turco en abril para informarle de su decisión de reconocer el "genocidio armenio". Con todo, el Gobierno de Erdogan pretende recuperar el favor de Washington entre otras cuestiones ofreciendo sus afamados drones a varios países adversarios de Rusia en el arco de Europa oriental: Ucrania y Polonia ya los han adquirido y los estados bálticos podrían ser los siguientes. Desde luego hay tantos temas que separan a EEUU y Turquía que cualquier reconciliación llevará tiempo, aunque la reunión de Bruselas suponga un positivo primer paso.

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LÍBANO

Al borde del abismo económico

La advertencia realizada por el Banco Mundial a principios de este mes es ominosa: la crisis económica y financiera a la que se enfrenta el Líbano puede estar entre las tres más serías a nivel global desde mediados del siglo XIX, un hundimiento similar al experimentado por naciones en guerra pero con implicaciones mucho mayores, tanto para el propio país como para la región. Y todo ello en apenas 21 meses.

Primero las cifras: el PIB real se contrajo un 20,3% en 2020, respecto a una contracción anterior de un 6,7% ya en 2019. El PIB pasó de 55.000 millones de dólares en 2018 a 33.000 millones en 2020. Para el cierre de este año se espera otra reducción adicional del 9.5%. En 2020, la inflación media fue del 84.3%. Cuatro de cada diez libaneses está desempleado, y el desplome de la libra libanesa ha arrastrado a la mitad del país bajo la línea de la pobreza.

Coste real de 1$ (USD) en libras libanesas (LBP)

Fuente: XE.com, Lirarate.com
Gráfico: NÂR Research

Algunos economistas han descrito el sistema financiero de Líbano -un país con uno de los mayores niveles de deuda del mundo- como “un esquema Ponzi regulado de forma estatal” en el que se reciben nuevos préstamos para pagar a los acreedores existentes. El informe del Banco Mundial no duda en atribuir responsabilidades por la crisis actual, denunciando “un consenso político en defensa de un sistema económico en bancarrota, que ha beneficiado a unos pocos durante mucho tiempo”.

A pie de calle, estas responsabilidades están claras: a diferencia de las de años anteriores, la revuelta que estalló en octubre de 2019 ante el intento del gobierno de crear un impuesto sobre el uso de WhatsApp -para muchos libaneses, el principal medio de comunicación con sus familiares en la diáspora, un factor crucial en un país donde la población en el extranjero es mayor que la que hay en el propio territorio nacional- era notablemente antisectaria, y tenía un marcado componente de rechazo hacia las “zuama”, los clanes que se reparten los negocios del país. La revuelta fracasó, pero la economía del Líbano sigue en manos de esos mismos grupos, que carecen de motivación para modificar un sistema que les beneficia enormemente.

La ola de protestas terminó por asustar a los cada vez más escasos prestamistas dispuestos a invertir su dinero en el Líbano, al tiempo que los donantes internacionales suspendían la entrega de fondos ante la evidente ausencia de reformas. La parálisis política malogró unas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional que podrían haber paliado la situación, pero que habrían obligado a implementar una serie de ajustes contrarios a los intereses de las “zuama”, que conspiraron para hacerlas descarrilar. La pandemia del coronavirus y la explosión del puerto de Beirut, que arrasó una parte importante de la superficie de la ciudad y supuso miles de millones de dólares en daños, han contribuido aún más a la debacle.

El país va camino del abismo y es difícil prever las consecuencias, incluso en los sectores más insospechados. Por ejemplo, el Tribunal Especial para Líbano, creado en 2007 para juzgar los asesinatos políticos de alto nivel de los años anteriores -incluyendo el del primer ministro Rafiq Hariri- podría verse abocado a la clausura en julio por falta de fondos: mientras que la ONU cubre el 51% de su presupuesto, el resto corre a cargo de Beirut, que no está en condiciones de seguir haciendo frente a los pagos de un mecanismo judicial que, en cualquier caso, no todos los sectores políticos libaneses ven con buenos ojos. Quizá de mayor calado para la ciudadanía sea el hecho de que el precio de los principales productos básicos, como las judías, el azúcar, el té, el arroz, los cigarrillos o el combustible se haya disparado, y que muchos ciudadanos no puedan permitirse ni un simple manoucheh, la popular torta salada horneada libanesa.

Recesión e hiperinflación en Líbano

Fuente: Blominvest Bank, World Bank, FMI
Gráfico: NÂR Research

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EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Nuevo miembro del Consejo de Seguridad de la ONU

El pasado 11 de junio, Emiratos Árabes Unidos (EAU) fue elegido entre los cinco países que ocuparán un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante el periodo 2022-2023. EAU recibió 179 votos, por delante de Albania con 175 pero por detrás de Ghana (185), Gabón (183) y Brasil (181), que conforman los cuatro países restantes.

El interés de EAU por ocupar un asiento en el Consejo se remonta al menos a 2012, cuando la Liga Árabe respaldó su candidatura. Tras meses de intensa campaña, las autoridades emiratíes no han ocultado su alegría por esta elección. Mohammed bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dhabi, declaró en su cuenta de Twitter que “nuestro equipo de dedicados diplomáticos proseguirá el mismo espíritu de compromiso y cooperación global que ha guiado a los EAU desde su fundación en 1971”.

Emiratos se presenta como un país puente, gracias a sus buenas relaciones con Estados Unidos, pero también con China. Entre sus prioridades estarán la lucha antiterrorista, el cambio climático y una mayor inclusión de las mujeres en las operaciones de paz y su protección en zonas de conflicto.

Entre los que se han mostrado más satisfechos por esta elección se encuentra Israel, que espera un Consejo menos “parcial” en su contra con la presencia de países como Emiratos, entre otros. EAU toma el relevo de Túnez en representación de la región Asia-Pacífico, un país que ha promovido varias resoluciones contra Israel.

Por otro lado, formar parte del Consejo de Seguridad es un punto a favor de Emiratos en un momento donde se deberán discutir cuestiones en las que el país juega un papel destacado, como los conflictos en Yemen, Libia, Siria, Irán o Palestina, la actual crisis en Etiopía y el conflicto por las aguas del Nilo, entre otros. Su presencia allí tenderá a asegurar resoluciones favorables a sus intereses en detrimento de otros países como Turquía o Catar, y un mayor apoyo a las posturas estadounidenses, aunque sin atarse las manos en el enfrentamiento comercial entre EE. UU. y China.

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CULTURA

El Código Penal turco contra los raperos

El pasado 5 de junio, el rapero Ufuk Yıkılmaz, más conocido como Şehinşah fue arrestado bajo la acusación de “insultar al Presidente de la República”. Fue el propio rapero quien lo anunció en un tweet. No es la primera vez que Şehinşah se enfrenta a los miembros del gobierno, ya que, hace 5 años ya se le abrió un expediente de investigación gracias a la canción Sayin Türk, con letras como “eres tan débil que abrazaste a Tayyip, vergüenza para los turcos”. Otros raperos como Ezhel, quien se vió obligado a emigrar a Alemania por problemas con las autoridades, o Sam, también han sufrido investigaciones por las letras de sus canciones.

Desde la llegada de Recep Tayyip Erdogan a la Presidencia de la República en 2014, está adoptando varios comportamientos de los que tradicionalmente acusaba al establishment kemalista. Durante toda la época multipartidista, dicho establishment dejaba poco margen de maniobra para expresar sus reivindicaciones a los segmentos conservadores y/o religiosos. Actualmente y de forma similar, el nuevo establishment del AKP ha limitado cualquier reivindicación proveniente de la oposición sea laica, socialdemócrata, aleví o kurda, mediante un estricto control sobre los medios de comunicación y sucesivas prohibiciones de informar, por poner algún ejemplo, sobre cualquier asunto relacionado con la investigación del desastre minero de Soma, el secuestro de 49 ciudadanos en la embajada turca de Mosul o diversos atentados terroristas, tipificando de facto como delito la presentación de informaciones sobre cuestiones que son realmente de interés público.

En el caso que nos concierne, algo similar ocurre con la libertad de expresión, puesto que, desde que Erdogan es presidente, se han investigado a más de 130.000 personas, con cerca de 10.000 condenas (en 2002 fueron 581), incluyendo a periodistas, políticos, activistas, artistas, modelos, caricaturistas, universitarios e incluso menores de edad, unos 900, por difamación del jefe de Estado, tal y como está recogido en el artículo 299 del Código penal que conlleva condenas de uno a cuatro años de prisión, incrementándose una sexta parte si el delito se comete públicamente o una tercera si se consuma por medio de los medios de comunicación.

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A tres días de las elecciones presidenciales iraníes, la percepción a pie de calle es la de que la apatía será la vencedora de los comicios. Junto con una mayoría de votos para el principista Ibrahim Raisí, las encuestas oficiales también vaticinan una magra participación, inferior al 50%, posiblemente una de las mayores abstenciones de la historia. Un hecho que sirve de aviso a sus autoridades sobre el humor de la mayoría de la población: no son pocos quienes creen que el sistema, o una parte de él, está dispuesto a aparcar definitivamente el término 'República' de la denominación del Estado.

Si en los tres debates electorales habidos los candidatos han sido, entre pullas personales, promesas vacuas y omisiones deliberadas -el dosier nuclear o las sanciones fueron totalmente ignoradas-, incapaces de excitar al electorado, Raisí tampoco ilusiona. Pero goza no sólo del apoyo decidido del Líder Supremo -quien lo colocó al frente de la Judicatura tras perder las últimas elecciones- sino también de gran parte de la Guardia Revolucionaria, convertida en un poder fáctico más, probablemente el más decisivo en un futuro inmediato.

Este escenario suscita varios interrogantes muy interesantes. Uno de ellos: ¿Está Raisí ante el último peldaño antes de alcanzar la sucesión de Alí Jameneí? Puede creerse que sí. Pero no debemos olvidar que la Presidencia iraní ha tenido tradicionalmente un efecto pernicioso: las duras limitaciones del cargo, principalmente las injerencias de dichos poderes fácticos y la última palabra que el Líder tiene en todas las cuestiones de Estado, tradicionalmente han 'quemado' al inquilino del cargo. Le pasó a Ahmadineyad, hoy un 'outsider', y al mismo Rohaní, el presidente saliente.

En ese caso, el puesto podría desgastar a Raisí y por ende, sus aspiraciones a relevar al Líder Supremo -sin olvidar que el momento de una eventual sucesión es totalmente desconocido, pese a la avanzada edad de Jameneí-. ¿Qué alternativa hay? Un cambio de sistema 'alla turca': tal y como Binali Yildirim 'liquidó' su cargo para dar paso a una Presidencia ejecutiva de Erdogan, Irán podría revertir el actual sistema presidencialista por uno parlamentario, como ya hubo en el pasado y, de hecho, no pocos principistas defienden. De esta forma, Raisí podría situarse en lo alto de la cúspide, como nuevo Guía, con únicamente el Machlés (Parlamento) por debajo de sí. Falta por ver, en este esquema, qué papel jugarían los influyentes Guardianes. Y cómo se lo tomarían los apáticos y frustrados iraníes.

Lluís Miquel Hurtado, Analista de NÂR Research